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El objeto económico que persigue la formación de un mercado común, como lo demuestra la actual Unión Europea o el Mercosur y la CAN, confluye hacia la necesaria tutela efectiva de los derechos humanos de las personas que lo componen. La integración europea es el proceso que, en este sentido, más lejos ha llegado con la aprobación de una Carta de Derechos Fundamentales propia.

Entre los puntos de convergencia que se tratan en esta obra figuran la defensa del Estado de derecho, conocida como “cláusula democrática”, la protección de los datos personales, de la familia, de los derechos de consumidores y usuarios, así como el derecho a la buena administración, el derecho de asilo y el estatuto de una ciudadanía común.